1979. El debate sobre el desarrollo económico de México regresó al Congreso.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
El desarrollo económico de México a debate, antecedentes.
El desarrollo económico de México ha estado a debate. La idea de un camino propio y exitoso se inició con la Constitución de 1917. Ésta, promulgada el 5 de febrero de 1917, estableció en su artículo 27 la base para un desarrollo viable para un país como el nuestro. Fue una idea surgida de nuestro proceso histórico, y más en concreto de la Revolución Mexicana. Un camino distinto del que siguió el capitalismo clásico, imposible para los países de lo que se vino a denominar el tercer mundo. Pero distinto también del camino del socialismo, para el cual estos países carecen de la plataforma previa de desarrollo. Una vía que ha tenido distintos nombres, el más aceptado a partir de la década de los sesentas vino a ser nacionalismo revolucionario.
Sin embargo, ese camino para el desarrollo económico nunca ha sido aceptado por los detentadores de la riqueza más poderosos en la esfera mundial; tampoco por sus aliados dentro de nuestras fronteras. Ellos han pregonado el camino típico del capitalismo. Pero, como éste no funciona para los países no desarrollados, en las condiciones de una economía mundial ya dominada por enormes poderes monopólicos, sólo se puede imponer un remedo de él desde el poder político y/o desde el poder económico exterior. Esto, cuando ha sucedido, ha ocasionado una creciente dependencia económica de México –que conlleva dependencia política—y un debilitamiento de las fuerzas productivas propias, también creciente.
La iniciativa de Lombardo, de 1965.
Nuestra historia desde 1917 hasta nuestros días, en lo medular ha sido la historia de la lucha entre los partidarios del desarrollo con independencia y equidad social, por una parte, y los que se empeñan en imponer la otra vía, la del capitalismo, ya mencionado.
Un momento cimero de este proceso histórico ocurrió en 1965, cuando el diputado Vicente Lombardo Toledano presentó su iniciativa para adicionar la Constitución con un nuevo capítulo en materia económica. Los miembros más pusilánimes de la burguesía nacional maniobraron para evitar que la iniciativa prosperara. No pudieron sepultarla, sin embargo.
Sindicalistas contra la cúpula empresarial.
De ahí que el debate se prolongó. De hecho, estuvo en el centro de la lucha ideológica y política por el resto de la década de los sesentas y toda la de los setentas, ventilándose en diversos espacios. Hubo momentos en los que se manifestaron a favor de la propuesta original del maestro Lombardo, importantes organizaciones de trabajadores, entre otras, el aguerrido Sindicato Mexicano de Electricistas, SME; la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE.
En la trinchera contraria, las agrupaciones patronales y los partidos políticos de la derecha, como la Cámara Americana de Comercio, CAMCO; la Confederación de Cámaras Nacionales de Industria, CONCAMIN; la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, CONCANACO; la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX; la Asociación de Banqueros de México, ABM, y el Partido Acción Nacional, PAN, con reiterada insistencia expresaron sus juicios contra la concepción del ideólogo y dirigente político marxista, sobre el camino económico de México.
Falaces argumentos de la derecha.
Repitieron una y otra vez sus argumentos de que el Estado no debe intervenir en la economía, porque según ellos, ese camino llevaría al totalitarismo y acabaría con las libertades; también reiteraron que lo que el PPS demandaba equivaldría a transformar nuestra Constitución en un código de tipo socialista y comunista. Asimismo, que el Estado es ineficiente y corrupto per se, por lo que en modo alguno se le debería permitir manejar empresas económicas. Alegaron que las tareas de la economía deberían dejarse en manos de la iniciativa privada nacional y extranjera, y que el Estado debería concretarse a estimular y proteger a los empresarios para que éstos obtengan utilidades “atractivas” y de esta manera mantengan su interés por crear empleos.
La Reunión Nacional para la Reforma Económica de la CTM.
Fue relevante el momento en que la CTM celebró su Reunión Nacional para la Reforma Económica, en junio de 1978, evento en que formuló sus opiniones sobre el tema. Entre las conclusiones sobresalientes de la reunión se encuentran las siguientes:
“Por lo que se refiere a la participación del Estado, queda sin discusión la necesidad de incrementar sus ingresos a fin de coadyuvar al mejoramiento de la sociedad en su conjunto. Para transformar su magnitud y estructura, se debe actuar con dos objetivos fundamentales: primero, con un sentido de justicia redistributiva y, segundo, de una magnitud tal que el Estado pueda actuar como rector de la economía nacional.
“Es preciso producir y redistribuir simultáneamente; el paso previo inevitable es invertir con prioridad social y ello implica: a) convertir al Estado en el eje principal del proceso de acumulación y formación de capital y garantizar, así, suficientes inversiones, social y económicamente razonadas, para producir bienes de consumo popular, y b) redistribuir el ingreso hacia los sectores populares que deben absorber la nueva producción. Esta exige la generación masiva de empleos y la implantación de salarios justamente remunerados.
“En virtud de que los trabajadores son quienes sufren de manera directa las consecuencias del deterioro económico, al ver reducido su poder de compra por la constante y permanente elevación de precios, fue propuesto que se exija al Estado se encargue de la inversión, producción y distribución, fundamentalmente, de los bienes de consumo necesario”.[9]
La Quincuagésima Legislatura retoma el debate.
Con estos antecedentes, ya casi para concluir el último periodo de sesiones de la L Legislatura (1976-1979), el debate iniciado por Lombardo regresó otra vez al Congreso de la Unión. El diputado Víctor Manzanilla Schaffer, del PRI, fue quien formuló una proposición, que fue suscrita también por varios diputados más, de otros partidos, en el sentido que la Cámara de Diputados tomara el acuerdo de instruir a la Comisión Permanente para que convocara a un periodo extraordinario de sesiones en el que se discutiera “la necesidad de reformar la Constitución, con el objeto de revisar y adecuar las atribuciones que tiene el Estado mexicano en la vida económica del país”. Y presentó una iniciativa de su propia autoría sobre un nuevo capítulo a la Constitución en esa materia, en la que tomó para sí lo fundamental de las propuestas formuladas por el autor original.
Con respecto de la proposición, las comisiones dictaminadoras declararon que era improcedente en términos de procedimiento.[10] Sin embargo, a ese desalentador juicio añadieron otras consideraciones que resultaron estimulantes:
“Encuentran… que el tema objeto de la propuesta es de la mayor importancia y debe actualizarse pues no debe pasar inadvertido a los ciudadanos diputados que anteriores legislaturas, entre otras y en forma especial la XLVI, han estudiado con todo cuidado y responsabilidad esta materia.
“Por otra parte, hace apenas algunos meses que el movimiento obrero nacional, en forma destacada la Confederación de Trabajadores de México, el Congreso del Trabajo y el Sindicato Mexicano de Electricistas, entre otras, han celebrado reuniones dedicadas específicamente a tratar el mismo tema y ahora con mayor fuerza, en virtud de que aqueja tanto a las sociedades desarrolladas plenamente como a las que se encuentran en proceso de desarrollo y que tienden a precisar los fundamentos de la economía mixta que es la base de nuestro sistema nacional y las consecuencias que de todo ello se deriva para nuestro medio social.
“Por todo lo anterior, las comisiones proponen que se acepte el fondo de la cuestión planteada por el ciudadano diputado Manzanilla Schaffer y, para obtener las finalidades perseguidas, se integre una comisión pluripartidista de esta Cámara, para que estudie las reformas constitucionales adecuadas sobre la materia y que podrían, en su caso, ser aceptadas por aquellos diputados que optaron por ejercer el derecho de iniciativa a que se refiere el artículo 71 de la Constitución”.[11]
La comisión pluripartidista.
Aprobado el dictamen, se procedió a integrar la comisión pluripartidista que formularía la iniciativa sobre el “tan ansiado y buscado capítulo económico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, según expresión del diputado Manzanilla Schaffer.[12] La comisión trabajó varios meses estudiando la iniciativa original formulada por Lombardo y la de nueva elaboración suscrita por el diputado Manzanilla Schaffer, así como las opiniones sobre el tema formuladas por la CTM, el SME, el Congreso del Trabajo y otras organizaciones sindicales. Finalmente, produjeron un estudio que concluyó con un proyecto de reformas a 8 artículos constitucionales en materia económica, correctamente orientado. Pero a la L Legislatura se le acabó su periodo constitucional de vida y, con ello, el esfuerzo perdió continuidad, pues la LI, que entraría en funciones, no lo tenía contemplado en su proyecto de agenda legislativa.
El PPS vuelve a la carga en la LI Legislatura.
El grupo parlamentario del PPS en la LI Legislatura (1979-1982) consideró que no podía dejar tan importante asunto abandonado a la incertidumbre y, con esa convicción, retomó el esfuerzo, presentando una nueva iniciativa en esta misma materia, actualizada en función de los cambios jurídicos y los nuevos datos económicos, teniendo en cuenta que habían transcurrido 16 años desde la iniciativa original. Pero esta nueva versión insistió en las concepciones medulares y en las proposiciones esenciales que hiciera el maestro Lombardo.
En su introducción, de manera acertada se decía lo siguiente:
“La necesidad de que se incluya en el texto de la Carta Magna la tesis de la Revolución Mexicana sobre el desarrollo económico, hoy es mayor que en 1965. Las condiciones objetivas han madurado a la par que se han elevado las subjetivas. Este paso fundamental para consolidar nuestro camino histórico y cerrar la puerta a los enemigos del pueblo y la Nación habrá de producirse en el momento en el que unamos nuestro esfuerzo y enfoquemos nuestras acciones en ese sentido todos los demócratas y antiimperialistas, con decisión y firmeza, haciendo a un lado las manifestaciones de carácter sectario o de autosuficiencia […]
“Con el interés de hacer un nuevo aporte en busca de esa necesaria acción común de los demócratas y revolucionarios, en uso del derecho que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista presentamos a esta soberanía la presente iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se le adicione un nuevo capítulo acerca de la economía nacional”.[13]
Los errores del PSUM
Días después, el 10 de diciembre, el grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), de efímera presencia en la vida nacional, presentó su propia versión de iniciativa sobre la necesidad de reformar la Constitución en materia económica[14].
La exposición de motivos del documento parte de la concepción de la existencia del capitalismo monopolista de Estado en México, como si el nuestro fuera un país capitalista de alto desarrollo, es decir, uno imperialista, y no dependiente e intervenido por el capital imperialista, como lo era y lo sigue siendo hoy en día.
A partir de esa equivocada óptica, habla de lo que califica como una “incorrecta centralización del poder económico y político” en manos del Presidente de la República, fenómenos que se deben combatir. Esa concepción coincide en aspectos medulares con la que sustentaba la burguesía ligada a los capitales extranjeros y a su brazo político-electoral, el PAN. Pero al leer la iniciativa salta a la vista la incongruencia entre los planteamientos de la exposición de motivos y lo que se propone en el articulado, que aunque es pobre en su contenido, sin embargo no está tan mal orientado, sino que tiene aspectos rescatables.
Por otra parte, es un documento omiso en cuanto a los antecedentes tan ricos en esta materia; para nada se cita la iniciativa original, antes se le ignora como si nunca hubiera existido, y asimismo se omite aludir al prolongado debate que en torno a la propuesta de Lombardo se había venido dando por más de tres lustros.
[9] Memoria de la Reunión Nacional para la Reforma Económica de la Confederación de Trabajadores de México. México, Edición de la CTM, 1979, pp. 202-203.
[10] Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 28 de diciembre de 1978.
[11] Ibidem.
[12] Formaron esta comisión, por el grupo parlamentario del PRI, los diputados: Ifigenia Martínez Hernández, Miguel Montes García, Víctor Manzanilla Schaffer, Jesús Puente Leyva, Armando Labra Manjarrez, Hugo Castro Aranda, Julio Zamora Bátiz, Jorge Efrén Domínguez, Mario Hernández Posadas y Carlos Ortiz Tejeda; por el PAN, los diputados: Miguel Hernández Labastida, Francisco Peniche Bolio y Sergio Lujambio Raffols; por el PPS, los diputados: Francisco Ortiz Mendoza, Marcela Lombardo y Héctor Ramírez Cuéllar, y por el grupo parlamentario del PARM, el diputado Pedro González Azcuaga.
[13] Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 19 de noviembre de 1980. Fue publicada con el título de “Un nuevo capítulo en la Constitución acerca de la economía nacional”, en Iniciativas parlamentarias…, op. cit. Tomo II, pp. 463-472.
[14] Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 10 de diciembre de 1981.
