Un capítulo en la Constitución sobre la economía nacional.^[1]

Por Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. ^[2]

Vicente Lombardo Toledano presentó una iniciativa para adicionar un nuevo capítulo a la Constitución, sobre la economía nacional, el 5 de octubre de 1965 en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Fue una propuesta de gran importancia, y que hoy cobra mayor vigencia, como veremos adelante.

Balance de Lombardo sobre la economía nacional, a 25 años de concluido el gobierno de Cárdenas.

Al hacer el balance sobre el desenvolvimiento de la economía nacional en una intervención relacionada con su iniciativa, Lombardo consideró que luego del vigoroso arranque registrado en el sexenio de Lázaro Cárdenas, durante los siguientes 25 años, de 1940 a 1965, el proceso económico de México se fue dando de manera accidentada y contradictoria en muchos aspectos. El desarrollo de la economía fue anárquico, sin un orden que respondiera de manera integral a los intereses nacionales. Había avances, a veces notables, en unas ramas, pero otras se rezagaban. En medio de todo eso, lo más negativo fue que los capitales extranjeros se habían ido apoderando de los renglones más dinámicos de la economía que para entonces preferían, a diferencia de los primeros tiempos en los que su  principal opción habían sido las industrias básicas y extractivas.

No obstante ese carácter caótico, a jucio de Lombardo la economía nacional, en términos generales, había “continuado en marcha ascendente” por el camino que conducía a la independencia económica nacional como lo expresó en la Cámara de Diputados”^[3] Es cierto que, durante todo ese lapso, la lucha entre los partidarios de la intervención directa del Estado en la economía, y sus enemigos, fue intensa, hecho que se reflejó en las contradicciones descritas. En ese contexto, sin embargo, hubo actos de gran relevancia en el sentido del más alto interés nacional, como la nacionalización de la industria eléctrica, realizada por Adolfo López Mateos, y otros que, sin ser tan notables, también abonaron en el mismo camino.

Dos fuerzas en pugna: el Estado y los capitalistas particulares.

Ahora bien, en la medida en que el Estado nacionalizaba alguna industria medular o creaba alguna institución responsable de una rama fundamental  de la economía, con esa acción daba grandes impulsos al desarrollo nacional por la vía correcta y se producían verdaderos saltos en el sentido del progreso[4]; pero esto no caminaba así de manera permanente sino, como se dijo, con altibajos porque, como lo explicó Lombardo, había “dos fuerzas con finalidades distintas –la del Estado y la de los empresarios particulares- que se disputan el predominio sobre la economía nacional”.  Sin embargo, a pesar de los tropiezos, estancamientos y retrocesos, el intervencionismo estatal surgido de la Revolución Mexicana iba en ascenso en términos absolutos y relativos, para bien de la Nación:

“A partir de 1939, la inversión pública ha venido aumentando de modo constante hasta 1961 en que representó ya la mitad de la inversión nacional bruta. En el sexenio 1959-1964 creció en forma acelerada, pasando de 6 mil 500 millones en 1939, a 18 mil 700 millones en 1964.

“La inversión privada, por contraste, después de crecer a una tasa anual de 5.8% en el periodo 1946-1952, se contrajo en el quinquenio 1959-1963, correspondiente a la administración del presidente Adolfo López Mateos, pues aumentó sólo a una tasa anual de 4.5%.

“En ese periodo de retracción de la inversión privada, el ritmo de desarrollo económico se mantuvo gracias a la inversión pública…”

La economía nacional alcanzó un equibrio, aunque era precario.

Como resultado del ascenso acumulado de la participación estatal en la economía, para el año de 1965 se llegó a una situación singular, extraña para las economías capitalistas sean de los países de alto desarrollo o de los dependientes: la magnitud económica del sector estatal casi se emparejó con la de los capitalistas privados:

“Puede estimarse, en términos generales, que las inversiones del sector público representan el 45% del total, mientras que las del privado representan el 55%. Es decir, hemos llegado a un equilibrio entre las dos tendencias que concurren al desarrollo económico”.

Esta especie de empate entre dos corrientes que apuntaban en sentidos opuestos generó una situación de lucha intensa entre los actores sociales y políticos partidarios de una y otra y, al mismo tiempo, creó una situación de inestabilidad que no podría prolongarse largamente. En palabras de Lombardo:

“…todo equilibrio es, por su propia naturaleza, transitorio. En el campo de la economía, habiendo dos tendencias, el equilibrio tiene que romperse a favor de cualquiera de ellas; pero lo que es imposible es que esta paridad precaria pueda constituir la marcha normal de la Nación”.

¿Cómo romper el equilibrio inestable a favor del pueblo?

Para Vicente Lombardo Toledano y, consecuentemente, para su partido, quedaba claro que era necesario incidir en la ruptura de ese equilibrio precario. ¿Cómo hacerlo para que la contradicción se resolviera a favor de los intereses de las grandes mayorías de nuestro pueblo, se preguntó el autor de la iniciativa en comento? “No hay más que un solo camino: el de las reformas fundamentales a la estructura económica”, respondió. Sería necesario dar cauce  a la intervención del Estado en la economía en la Carta Magna. Había que precisar allí, en la norma máxima, sus fines y sus alcances, y establecer también cuáles serían los ámbitos de la inversión privada. De esta manera se dejaría atrás la fase del intervencionismo estatal espontáneo que había predominado desde 1917, para entrar a una nueva etapa, la del desarrollo consciente y planificado por el Estado nacional. De acuerdo con la iniciativa, el momento  -1965- era el adecuado para tomar esa medida, porque las condiciones habían madurado, como lo dijo Lombardo:

“Nuestra patria se halla ante dos perspectivas: la de consolidar y ampliar el camino que ha construido la Revolución, con el apoyo constante y el sacrificio del pueblo, que se caracteriza por el acrecentamiento del poder económico del Estado, teniendo como bases la nacionalización de los recursos naturales y de las industrias y servicios que pueden condicionar las demás actividades productivas, comerciales y financieras; y la perspectiva de entregarle a la iniciativa privada el desarrollo económico, con el consiguiente peligro de que sea suplantada por  capital extranjero”.^[5].

En su exposición de motivos, se habló del carácter innovador de la Constitución de 1917, que rebasó los marcos estrechos del liberalismo, al que hasta entonces se habían constreñido las constituciones del mundo moderno. Se calificó a la Carta de Querétaro, como “el estatuto político más avanzado de todos los países del mundo cuando se promulgó”, y se señaló asimismo que “las adiciones positivas que se han hecho a su texto le han dado todavía más vigor”.

En su contenido avanzado se establece “un conjunto de instituciones que forman verdaderos cuerpos de doctrina sobre cuestiones fundamentales”, se dijo en la iniciativa. Es el caso de la tesis sobre las riquezas del territorio nacional y la Reforma Agraria (artículo 27); la relativa a los derechos de la clase obrera (artículo 123); la tesis sobre la educación (artículo 3º), y la tesis sobre los derechos políticos (inicialmente, artículo 54, con posterioridad también el 41)

Una nueva tesis en la Constitución, sobre la economía nacional.

Era necesario dotar a la Constitución de una quinta tesis de semejante trascendencia, la tesis sobre la economía nacional, dijo Lombardo. En este aspecto, la Carta vigente mantenía el mismo contenido que la de 1857 y, por tanto, era anacrónica. La intervención del Estado en la economía se había venido dando, por fortuna para los intereses soberanos de la Nación y para beneficio del pueblo. Ese proceso había sacado al país del atraso feudal y semiesclavista y había desarrollado sus fuerzas productivas. Además, había impedido que el país se convirtiera en una colonia, con nombre de “Nación soberana”. Los instrumentos jurídicos concretos de este proceso nacional de desarrollo, sin embargo, estaban desfasados. Más allá del mandato básico del artículo 27, sumamente valioso, todo lo demás radicana en en múltiples “decretos y acuerdos del Poder Ejecutivo sobre créditos, inversiones de capital, organización de la producción, del comercio y de los servicios…”, tantos y tan dispersos que generaban situaciones incongruentes y confusas, y se hacía difícil su conocimiento para la población.

“La nueva tesis debe ser un capítulo de la Constitución que contenga la doctrina sobre el carácter y la finalidad de la economía nacional. Porque sólo las normas constitucionales, que no se modifican por decretos de fácil expedición, pueden servir de sustento seguro para el desarrollo progresivo del país y porque esa tesis puede convertir en preceptos obligatorios los compromisos que han contraído ante el pueblo nuestros gobernantes, dándole a la Revolución Mexicana un nuevo y gran impulso, ya que terminarían las discusiones sobre los objetivos concretos e inmediatos, y tanto los funcionarios responsables de la Administración Pública, como los particulares, tendrían un camino despejado para encauzar su actividad sin temor a la orientación del gobierno cada vez que ocurre el cambio de Presidente de la República”.

La iniciativa contiene una fundamentación también de carácter histórico. En su texto se hace una síntesis del desarrollo de México durante el siglo XIX y, en particular, durante el porfiriato. Con ella, se dejan a la vista las razones por las cuales nuestro pueblo, con la Revolución Mexicana, se propuso retomar su lucha secular por tres grandes objetivos: elevar de manera sistemática y sustancial su nivel de vida, convertirse en el arquitecto de su destino y lograr la independencia plena de la Nación. Luego se refiere a la etapa constructiva de la Revolución. Describe como fue que los gobiernos de la época se decidieron a abandonar la doctrina de la no intervención del Estado en la economía y a tomar a su cargo las principales tareas para hacer posible el progreso de México. Ya existía el instrumento jurídico esencial, que estaba establecido en el artículo 27 de la Constitución, pero nada más:

“Al principio no hubo un plan que viera el futuro etapa por etapa. Ante cada problema insoluto, ante cada caso concreto, intervino el gobierno, y de esa manera se fue perfilando el programa de la nacionalización de las actividades económicas y de los servicios”.

Ese proceso, aun con sus limitaciones, venía a ser el “resultado de la experiencia histórica del pueblo y la necesidad imperiosa de hacer progresar al país con independencia del extranjero”. Fueron múltiples medidas concretas dictadas por el Poder Público que contribuyeron a darle al Estado “la autoridad y la fuerza económica de la que hoy disfruta, para hacer frente a las demandas crecientes del pueblo, a los apremios nacionales y a las presiones provenientes del exterior”. Las empresas e instituciones del sector estatal de la economía eran tan importantes para México, se dice en la iniciativa, que “sin ellas no habría llegado a la etapa en que hoy se encuentra, de país en franco desarrollo, a pesar de sus grandes problemas sociales insolutos…” Para 1963, se precisa el dato, las empresas que constituían el sector estatal “… eran en total 429. De ellas se dedicaban 162 a la producción de bienes y servicios para el mercado; 48 pertenecientes al Estado y 114 de participación estatal mayoritaria, abarcando la industria extractiva, la industria eléctrica, la industria de transformación, las comunicaciones y transportes, el desarrollo regional y local, el fomento cultural y la investigación, los servicios sociales y otras actividades”.

En esas condiciones se había llegado al momento de la decisión con respecto al camino a seguir.

“Contra la ruta que México eligió, se levantan los partidarios de la llamada ‘libre empresa’, afirmando que la prosperidad alcanzada por las naciones más desarrolladas, se debe al esfuerzo de sus hombres de negocios, nunca interferido por el poder público, y nos aconsejan que imitemos su ejemplo… Pero parten de la ocultación de un hecho fundamental: la evolución histórica de México es diferente a la de Estados Unidos y las naciones altamente industrializadas de otros continentes, a tal grado que sin la Revolución… nuestro país sería hoy una colonia del extranjero con el título de Nación soberana”.

En la iniciativa se propuso una definición de los propósitos del desarrollo económico de México:

“El desarrollo económico tiene por objeto aumentar las fuerzas productivas del país, utilizando los recursos naturales y humanos de que dispone, para elevar de una manera sistemática el nivel de vida del pueblo, incrementar el capital nacional, garantizar la independencia económica de la Nación y distribuir de manera equitativa la riqueza pública”.

Además, la iniciativa contiene una amplia gama de proposiciones, tesis y postulados importantes en materia económica. Así, por ejemplo, define a la propiedad como una función social y la subordina en todas sus manifestaciones a la planificación del desarrollo:

“Siendo la propiedad una función social, todas las actividades económicas, lo mismo las del Estado que las de los particulares, se sujetarán a un plan general de desarrollo, que señalará los objetivos que deben alcanzarse, tomando en consideración exclusivamente los intereses de la Nación”.

Acerca de la prioridad y equilibrio del mercado interior, en la Constitución quedaría sentado que la producción debería orientarse “a cubrir las demandas interiores del país”, equilibrando la de artículos destinados al consumo popular con la fabricación de maquinaria e instrumentos reproductivos”.

Sobre las atribuciones exclusivas del Estado, se añadirían a las que ya recogía el artículo 28 como ramas de la economía exclusivas del mismo, otras de gran importancia, como la siderurgia, los transportes marítimos y aéreos, entre otros. Sobre el inventario de las riquezas naturales, se señalaría como atribución del Estado, la de formularlo. Además, tendría que explorar el territorio nacional de manera constante con el fin de incrementar las reservas.

Una iniciativa trascendente, rica en su contenido.

Acerca de cuáles empresas privadas y bajo qué condiciones podrían recibir ayuda del Estado, la iniciativa propone:

“Las industrias propiedad de los nacionales recibirán la ayuda del Estado para su ampliación y mejoramiento, cuando sus productos se ajusten a las normas de calidad y precio que fije el gobierno federal. Pero no se otorgarán privilegios, dispensa o rebaja de impuestos o medidas de protección arancelaria a las industrias de ensamble o envase, ni a las que no puedan competir en el mercado internacional por su atraso técnico, la calidad o los precios de producción”.

También establece la obligación del Estado de crear una serie de organismos descentralizados encargados de: explotar las reservas minerales, las riquezas forestales y los recursos marítimos; beneficiar minerales y metales; industrializar maderas; producir las materias primas que demanden las empresas que pertenezcan a la Nación, los productos químico farmacéuticos que requieran los servicios asistenciales, de seguridad y los seguros sociales, y todo lo que sea necesario para elevar el nivel de vida de la población.

Acerca de la distribución de las mercancías y para combatir los múltiples vicios que en este renglón de la actividad económica se manifiestan, provocando un extraordinario encarecimiento de la vida, la iniciativa declara:

“Es atribución del Estado regular el mercado interior. Aligerar el aparato de distribución para facilitar la incorporación de las personas dedicadas al comercio en las actividades productivas, y vincular los centros de producción a los de consumo. Estimulará las operaciones mercantiles, impidiendo las alcabalas y las restricciones al tránsito de mercancías dentro del territorio nacional. Dictará medidas para garantizar el precio justo que debe corresponder a los artículos destinados a la alimentación, al vestido y al cuidado de la salud, en beneficio exclusivo de sus productores, castigando las ocultaciones fraudulentas y prohibiendo los incentivos engañosos que traten de alterar los precios. Creará los organismos indispensables para adquirir las mercancías que deban ser almacenadas a fin de evitar fluctuaciones con perjuicio del interés público, y para que puedan distribuirse con prontitud y equidad”.

Sobre las características del comercio exterior, expresa:

“Habrá un plan integral para desarrollar el comercio exterior, bajo la vigilancia estricta del gobierno federal y con todos los países, sin distinción alguna, prefiriendo las que ofrezcan ventajas para la Nación, evitando la salida exhaustiva de las materias primas no renovables, que pertenecen al patrimonio nacional, y para vender preferentemente excedentes de la producción industrial. No se acordarán subsidios a la exportación en perjuicio de los precios que deben regir el mercado interno, ni exenciones a la importación cuando se trate de productos no esenciales para el desarrollo económico. Se gravarán, en beneficio del pueblo, las importaciones de productos suntuarios, innecesarios o superfluos”.

Sobre la celebración de acuerdos y alianzas multinacionales, declara que el Estado deberá promoverlos, con la aprobación del Senado, para defender en común nuestras exportaciones, realizar importaciones y fomentar entre ellos sus relaciones económicas y mercantiles.

Sobre las características de la política y las instituciones bancarias, crediticias y financieras, señala:

“El crédito del país estará sujeto al plan de desarrollo económico. Las instituciones bancarias y financieras privadas, deberán canalizar sus operaciones hacia los objetivos que en el plan se señalen, dando preferencia a las actividades agrícolas, a las industriales y, de manera general, a las productivas”.

También se ocupa de definir las funciones y el criterio para la jerarquización de las inversiones del sector público, en sus aspectos social y económico, así como las áreas en las que podrían participar las inversiones privadas nacionales y las de capital extranjero, así como sus limitaciones.

Propone asimismo condiciones específicas a las que se debe sujetar la adquisición de créditos en el exterior con el fin de evitar el sobre endeudamiento y la concreción de compromisos que pongan en riesgo la soberanía de la Nación.

Acerca de la sanción que debe aplicarse a quienes realicen prácticas monopólicas y especulativas encaminadas a encarecer la vida o a violar las disposiciones legales relativas a los porcentajes para la aceptación de capitales extranjeros, propone la expropiación de sus bienes y su incorporación a las empresas del Estado que realicen actividades semejantes.

Sobre la reforma fiscal a fondo, cuyas características fundamentales se elevarían a rango constitucional y serían: tendencia hacia la desaparición de los impuestos indirectos, por su carácter injusto y regresivo^[6]. Tendencia, igualmente, hacia la desaparición de los impuestos directos sobre productos del trabajo, es decir, los que gravan los salarios. Avanzar hacia el establecimiento de “un impuesto único basado en el principio de la aportación creciente de acuerdo con el monto y la rentabilidad del capital invertido. Establecer límites a las utilidades de las empresas, dependiendo de las ramas de actividad a la que se dediquen y su grado de interés para el desarrollo nacional”.

Con respecto de los salarios, propone establecer en la Constitución el principio de la escala móvil, como manera de compensar el aumento en el costo de la vida y evitar el deterioro de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Además, también en el ámbito de la defensa del poder adquisitivo del pueblo, señala que la ley debe fijar el monto de los alquileres de viviendas; que la ley debe, asimismo, fijar los precios de los artículos de primera necesidad; que la ley determinará los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, con las características y finalidades que señala la fracción XXVIII del artículo 123. Y se ocupa, finalmente del tema de la coordinación fiscal entre la federación, los estados y los municipios. Al respecto, deja sentada la necesidad de un régimen único y adecuadamente coordinado.

La iniciativa referida cobra hoy mayor vigencia que nunca, a la vista de la grave crisis económica, política y social en que se encuentra México, como resultado de haber seguido el camino contrario al que propuso Vicente Lombardo Toledano, y que, en cambio, se viene aplicando con notorio éxito en la mayor parte de América Latina, iniciativa que, en su expresión más sintética, se resume en la fórmula: nacionalizar es descolonizar.

Otra iniciativa vinculada a la anterior, sobre la planeación de la economía nacional.

En el mismo periodo de sesiones de la XLVI Legislatura en que presentó la iniciativa para un nuevo capítulo en la Constitución en materia económica, el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista presentó también una iniciativa de Ley de Planeación Económica Nacional, que vendría a ser complementaria de la primera. En su exposición de motivos se habla de los problemas que enfrenta la economía del país y que deben atacarse:

“Los problemas más importantes que confronta el desarrollo actual de México, hacen ya inaplazable la creación de un organismo encargado de la programación del proceso económico en escala nacional. Entre ellos señalamos los siguientes. La fuerte desigualdad que persiste en la distribución del ingreso nacional, manteniendo un mercado interno raquítico que no puede absorber incrementos substanciales de la población, la cual tarde o temprano frenará su desarrollo y el de toda la economía. El desequilibrio permanente de nuestra balanza comercial con el exterior, compensado sólo por el turismo, los créditos y las inversiones extranjeras, factores que pueden reducirse con cualquier cambio en la política de los países que los proporcionan, y que al lado de sus aspectos útiles tienen muchos negativos. El atraso tecnológico y la baja productividad del sector agropecuario, que mantiene al 50% de la población en niveles de subconsumo, agravados constantemente por el acelerado crecimiento demográfico. Los problemas de carácter institucional y social, como son los subsidios e impuestos; el crónico déficit nutritivo de la población; la situación deficitaria en habitaciones y servicios de agua y drenaje; el analfabetismo; la escasez de trabajadores capacitados, etcétera, son obstáculos que es necesario eliminar para consolidar el proceso del desarrollo”. ^[7]

También se dice que la planeación permitiría prever, ordenar y articular las diversas actividades para evitar efectos anárquicos, duplicidades de esfuerzos y dispendios; permitiría impulsar el desarrollo integral por regiones, zonas o cuencas hidrográficas, y obtener el máximo rendimiento de los recursos de todo tipo incluidos los naturales. Se añade que la planeación es el mejor medio para disminuir los efectos de las crisis y los recesos económicos, porque pueden preverse y tomarse las medidas oportunas.

Además, en la concepción del PPS, la planeación sería un ejercicio democrático amplio y, a la vez, científica y tecnológicamente sustentado, porque:

“Teniendo en cuenta que los programas de desarrollo económico nacional deben contar con el respaldo de la mayoría de la población, es indispensable que el organismo encargado de su elaboración cuente con la participación y el consejo de todos los sectores, realizando sus trabajos sobre bases tecnológicas firmes, estudiadas por grupos de especialistas y por representantes de las diferentes actividades del proceso económico del país”.^[8]

Vicente Lombardo Toledano y su partido lucharon asimismo para impulsar el desarrollo científico del país, en el frente parlamentario entre otras palestras. De acuerdo con sus ideas, al Estado le correspondía asumir la tarea de impulsar el desenvolvimiento de la ciencia y la técnica, que a su vez habrían de repercutir de manera importante en el ulterior desarrollo económico de la nación. Así lo planteó en diversas ocasiones en el Congreso de la Unión, entre otras en la ya citada iniciativa para adicionar a la Constitución un nuevo capítulo en materia económica, pero además en una proposición para crear la Academia de Ciencias de México, presentada en diciembre de 1966.

Ésta habría de ser el núcleo y centro director y coordinador de los esfuerzos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, las universidades de provincia y todo el conjunto de entidades que tienen centros de investigación científica, de exploración y explotación de las riquezas de nuestro territorio, de estudios sociológicos, económicos e históricos, de conocimiento de las características de nuestra población, de preparación de cuadros de la ciencia, la técnica y la producción.

Habría de ser la institución que condujera el plan general que evitara la repetición y el desperdicio de esfuerzos y recursos.

“México está pasando por una etapa de transición entre su largo pasado de país dependiente y su futuro, que esperamos sea inmediato, de país suficiente desde el punto de vista económico. Pero si no redobla sus esfuerzos en todos los órdenes de su vida colectiva, la distancia que lo separa de los países más adelantados será más larga, porque éstos disponen de medios de todo tipo, de los que el nuestro carece, para acelerar todavía más su evolución histórica. Si las grandes naciones marchan bajo el apremio de muchas presiones y exigencias, México vive con angustia por el número y la magnitud de las suyas, que lo obligan a superar los índices de su crecimiento natural en un periodo breve”.^[9]

[1] Decimocuarto fragmento de mi investigación titulada “Lombardo y su influencia en la vida política de México”, en proceso de edición por el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales “Vicente Lombardo Toledano”.

[2] Maestro en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador de tiempo completo. Coordinador de Investigación del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales “Vicente Lombardo Toledano”.

[3] Intervención del diputado Vicente Lombardo Toledano. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 20 de diciembre de 1965. Todos los datos y citas textuales que siguen en este artículo corresponden a la misma fuente, excepto en los casos en que de manera específica se señale una distinta.

[4] El proceso de intervención del Estado en la economía se dio por tres vías, según lo explica Juan Campos Vega: “expropiando, como en el caso del petróleo; creando instituciones y empresas, como en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, y comprando acciones, como en el caso de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Juan Campos Vega, El desarrollo económico de México. México, Escuela Superior de Economía del I.P.N. 1998. p.16 (Tesis para obtener el título de licenciado en economía)

[5] Vicente Lombardo Toledano. Iniciativa para adicionar una nuevo capítulo sobre la economía, a la Constitución”, presentada el 5 de octubre de 1965 en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 5 de octubre de 1965.  Disponible en CEFPSVLT, Escritos sobre las constituciones de México. Los subsecuentes datos y citas textuales corresponden a la misma fuente, con excepción de aquéllos en que específicamente se cite una distinta.

[6] Son los impuestos que gravan el consumo, como el Impuesto al Valor Agregado, IVA.

[7]Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 14 de diciembre de 1965. También se le puede consultar en Iniciativas parlamentarias…, op. cit. Tomo I, pp. 155-162.

[8] Ibidem.

[9] Proposición del grupo parlamentario del PPS para crear la Academia de Ciencias de México. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 13 de diciembre de 1966.