La disputa por la nación. La economía de México en la década de los setentas.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
La disputa por la nación en el terreno de la economía se agudizó durante la década de los setentas. En ese lapso, la nversión pública mantuvo y acentuó su tendencia ascendente con respecto de la privada. Si ya en 1965 la proporción era de aproximadamente 45% de la primera y 55% de la segunda, en la primera mitad de la siguiente década el sector estatal rebasó al privado, por primera vez en la historia. La diferencia no era substancial, sin embargo, quizá apenas de un punto porcentual. La etapa de equilibrio precario, a la que se refiriera Lombardo, no había desaparecido. Tal precariedad, por el contrario, se había ido agudizando, al mismo tiempo en que el frágil equilibrio se prolongaba y las contradicciones en el seno de la sociedad, se agudizaban.
La política económica durante el sexenio 1970-1976.
En el sexenio 1970-1976, el Ejecutivo, a cargo de Luis Echeverría Álvarez –fuertemente denostado hoy, en los tiempos del neoliberalismo, y particularmente por Carlos Salinas de Gortari, que lo consideró como su antítesis– impulsó el gasto público con un sentido nacionalista y con una correcta orientación social; ésta fue su manera de enfrentar la situación de agudas contradicciones entre el capitalismo imperialista, que presionaba para retomar su predominio sobre México, que parecía escapársele, y las fuerzas nacionales que impulsaban nuestra cabal emancipación. Por ejemplo, incrementó diez veces los recursos públicos destinados al desarrollo rural, de 6 mil millones de pesos en 1970, a más de 60 mil millones en 1976. Acrecentó las obras de irrigación. Elevó notoriamente los precios de garantía para los productos del campo, con lo que contribuyó a elevar el nivel de vida de las masas campesinas. Dio un extraordinario impulso a la Reforma Agraria, el mayor desde los tiempos de Lázaro Cárdenas. Hizo crecer de manera notable los recursos destinados al sistema educativo nacional en su conjunto, y en particular los dedicados a las instituciones de cultura superior. Asimismo los que se dedicaron a la construcción de vivienda popular, a la salud y a la seguridad social.
La nacionalización de Teléfonos de México.
Un hecho importante que sucedió el 16 de agosto de 1972, tuvo su antecedente directo desde la XLVI Legislatura (1964-1967), cuando el grupo parlamentario dirigido por el maestro Lombardo propuso nacionalizar las telecomunicaciones[1], porque, razonó, éstas “han pasado a ser elementos de vital importancia para el desarrollo económico, social y cultural de la Nación mexicana”.
En la exposición de motivos de la misma forma se argumentó que “de los diversos sistemas empleados en las comunicaciones… se desprenden servicios públicos que responden a una necesidad colectiva y que, por tanto, su continuidad y funcionamiento deben ser garantizados por el Estado, asegurando los mismos derechos y las mismas posibilidades de uso a todos los sectores de la población”. Además se explicó que “por los grandes avances de la técnica en esta materia, incluyendo los satélites artificiales de la Tierra”, que en breve serían utilizados también en México, “las telecomunicaciones constituyen un elemento básico para la seguridad nacional”.
De no seguirse ese camino, inevitablemente se tendería a la consolidación del monopolio denominado Teléfonos de México, S. A., en detrimento de los intereses nacionales. En lo formal, la reforma que se proponía consistía en añadir la expresión “las telecomunicaciones” a la parte final del párrafo sexto del artículo 27, en el que se enlistan las funciones económicas que son exclusivas de la nación.
La iniciativa no prosperó en aquel momento. Sin embargo, siete años después, en 1972, el Ejecutivo, en ese momento a cargo del presidente Luis Echeverría –que como se desprende de sus actos concretos, encabezó un gobierno contrario a los intereses del imperialismo—compró el paquete mayoritario de acciones de la empresa Teléfonos de México, y por esa vía, el Estado tomó el control de dicha empresa, es decir, la nacionalizó. El PPS valoró ese hecho como positivo y lo apoyó con entusiasmo y combatividad que contrastaron con las posiciones de exasperación del capital privado vinculado al exterior, y de su partido, el PAN, que acusaron a Echeverría de ser populista, socialista y comunista, y de estar llevando al país al despeñadero, además de tildarlo de antidemocrático y autoritario, por no haber tomado en cuenta sus opiniones.
Economía y parlamento. La ley para promover la inversión mexicana y regular la extranjera.
Dentro de la línea antiimperialista y progresista que siguió su gobierno, en 1973 Echeverría envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Extranjera[2] que retomó la esencia de las ideas que el PPS había planteado tiempo atrás. En efecto, en la XLVII Legislatura (1967-1970) el grupo parlamentario de este partido había presentado una iniciativa de Ley de Inversiones Extranjeras[3]. En su exposición de motivos se argumentó que las inversiones de ese tipo no ayudan al desarrollo del país receptor, sino que, por el contrario, lo descapitalizan. Y en efecto, así ha sucedido en México y en los demás países de Asia, África y América Latina, sin excepción. También se señaló que no existen normas coherentes sobre el tema, porque la legislación que hay es insuficiente y confusa, dejando a discreción de las autoridades resolver lo conducente, campo en el que las empresas transnacionales medran, gracias a su enorme capacidad corruptora.
Más allá de los lineamientos generales establecidos en los artículos 27 y 28 de la Constitución de 1917, hubo un decreto del Ejecutivo, de junio de 1944, sobre los ámbitos de las inversiones extranjeras y nacionales, que resultó confuso y permitió que las decisiones se siguieran tomando de manera discrecional, como resultado de presiones y negociaciones. Más tarde, en 1947 fue creada una Comisión Intersecretarial, que dictó doce normas sobre la inversión extranjera, la última el 5 de octubre de 1953, fecha en que prácticamente dejó de funcionar. En 1954 se formuló una ley para el fomento de industrias nuevas y necesarias, orientada a impulsar lo que se llamó “proceso de mexicanización” económica.
Estas disposiciones y muchas otras crearon un verdadero enredo jurídico que, en los hechos, sirvió para facilitar la penetración del capital extranjero por la vía del arreglo directo con los funcionarios encargados del ramo. Ésa era la situación a fines de la década de los sesenta, cuando el PPS, presentó la iniciativa que venimos comentando, en la que propuso, entre otras, las siguientes medidas: Los capitales extranjeros deben tener prohibido comprar empresas nacionales ya establecidas. Deben establecerse sanciones enérgicas para los mexicanos que actúan como prestanombres al servicio de extranjeros. Deben establecerse límites a las utilidades de las inversiones extranjeras. El Estado debe ejercer el monopolio del comercio exterior. En su momento, esta iniciativa no fue aprobada. Cuatro años después, sin embargo, en 1973, como vimos, el Presidente Echeverría presentó su propio proyecto que puso orden en lo que era caótico y significó un avance muy importante en este tema. Desde luego que el grupo parlamentario del partido solferino argumentó y votó a favor de la iniciativa.
Otro hecho significativo en el frente parlamentario fue éste. El Senado de la República fue la cámara de origen de otra iniciativa del Ejecutivo, en este caso para adicionar el artículo 27 de la Constitución con el fin de establecer la llamada zona económica exclusiva.[4] En su exposición de motivos se plantea que entre los postulados de la Revolución Mexicana, la reivindicación de los recursos naturales ocupa un lugar destacado, y que este tema se vincula con otros dos, de elevada importancia: la reafirmación de la soberanía nacional y el desarrollo económico del país. También trae a la memoria que en el artículo 27 se ha ido plasmando la historia de las luchas victoriosas del pueblo en materia de reivindicación de los recursos naturales:
“Primero, afirmó la propiedad originaria de la Nación sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, reivindicó el dominio directo sobre los recursos del subsuelo y después, reservó para la Nación la explotación del petróleo y de los carburos de hidrógeno.
“A partir de la década de los setenta, los sucesivos gobiernos de la República han pugnado por extender y reforzar los derechos del Estado mexicano sobre los recursos marítimos próximos a sus costas, tanto a través de su acción legislativa como mediante su participación en diversos foros internacionales.
“A esa finalidad obedecieron la incorporación en 1960 de la plataforma continental al territorio nacional, la creación en 1966 de una zona exclusiva de pesca, entre las nueve y doce millas y luego, en 1969, la ampliación del mar territorial a doce millas y la delimitación de dicho mar a lo largo de las costas interiores del Golfo de California mediante un sistema de líneas de base rectas, con el objeto de convertir en aguas interiores mexicanas las que quedan al norte de la cadena de islas que cortan ese Golfo”.
La iniciativa que presentaba el Ejecutivo, a cargo del licenciado Luis Echeverría, sería la continuación de esos esfuerzos y tendría por objeto “establecer una zona económica exclusiva a lo largo de todos los litorales de la República”. De esta manera, la Constitución afirmaría los derechos soberanos del Estado mexicano sobre una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, “o sea un área ligeramente mayor a la del actual territorio nacional”. Con esa medida se favorecería el crecimiento económico nacional y se reduciría la dependencia del exterior. En la iniciativa, se citó como referencia el hecho de que la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que ya había sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, confirmaba la validez del principio que establece el derecho de todo Estado a ejercer soberanía plena y permanente sobre su riqueza y recursos naturales.
El Senado de la República la aprobó por votación unánime de 47 votos. Días después, la Cámara de Diputados también la aprobaría por unanimidad.
Fortalecimiento de las industrias petrolera, petroquímica, eléctrica y siderúrgica, nacionalizadas.
El grupo parlamentario del PPS declaró en la tribuna que en ese periodo de sesiones se habían aprobado un buen número de leyes de trascendencia social, pero que, sin embargo, ésta que ahora se examinaba sobresalía entre todas por su significado patriótico y nacionalista. Mencionó que en la plataforma electoral del partido se incluía esta demanda concreta como una de las que el PPS habría de enarbolar en el Poder Legislativo. Equiparó esta reforma con hechos significativos en el proceso histórico de México, como la Nacionalización de la Industria Petrolera, en 1938, y la de la Industria Eléctrica, en 1960.[5]
El gobierno de Echeverría, además, destinó cuantiosos recursos al fortalecimiento de las industrias petrolera, petroquímica, eléctrica y siderúrgica, nacionalizadas, que alcanzaron uno de sus índices históricos de desarrollo más elevados. En su periodo se duplicó la inversión del Estado en la minería. También se amplió la inversión pública en materia de transportes y comunicaciones, entre otras ramas de alto impacto para el desarrollo nacional. Según la valoración del entonces Secretario General y representante del PPS en el Senado de la República, Jorge Cruikshank García, como resultado de todo esto, la inversión del Estado
“…tuvo un gigantesco desarrollo. Entre 1970 y 1975 la inversión pública aumentó de 30 mil a más de 100 mil millones de pesos, descontando el incremento de precios. Esto significa una tasa de crecimiento real media anual de 16%. En este periodo, el Producto Interno Bruto aumentó en una tasa de 5.6%, a pesar de que la inversión privada creció en sólo alrededor del 4%. Gracias a la dinámica de la inversión pública, el coeficiente de inversión en el producto interno bruto se elevó del 21% en 1970 al 24% en 1975”[6].
El país avanzaba por la ruta trazada por Vicente Lombardo Toledano.
Aunque el gran ideólogo había desaparecido físicamente en noviembre de 1968, el poder público avanzaba en el sexenio conforme a la exhortación de Lombardo, en el sentido de que: “El gobierno de nuestro país debe, en consecuencia, asociar la idea del papel decisivo que desempeña el Estado en la economía, con el propósito de la liberación nacional del control de su desarrollo por el capital extranjero.”[7]
En efecto, en 1975 llegaron a existir 845 empresas estatales, de las cuales 48% eran de participación estatal mayoritaria, 21% fideicomisos, 21% organismos descentralizados, y 10% eran empresas de participación estatal minoritaria. En contrapartida, desde sus inicios, el gobierno de Echeverría enfrentó un fuerte retraimiento de la inversión privada que obedeció a intereses económicos de carácter especulativo y asimismo a consideraciones políticas; es decir, por una parte, la gran burguesía privada encontró una coyuntura para lucrar en busca de acrecentar sus ganancias a costa de la estabilidad económica, y aprovechó esa misma coyuntura para confrontar la política intervencionista del gobierno con el fin de doblegarla. Pero el gobierno respondió con una inversión pública todavía mayor, por lo que “en este gobierno, por primera vez, la inversión pública superó a la inversión privada. Esto evitó la reducción de la actividad económica que hubiera resultado del retraimiento” de los capitalistas privados. Así, “este esfuerzo debe medirse políticamente, más cuando se sabe que la intención de la retracción… privada estuvo calculadamente orientada a bloquear las medidas progresistas del Estado.”[8]
La citada actitud de retraimiento por parte de los capitalistas privados, pudo haber causado una grave crisis económica. Frente a esa circunstancia, el Estado, como ya se dijo, optó por suplir tal deficiencia incrementando su intervención directa como inversionista y productor directo. De esta manera, aun sin reformar la Constitución, satisfacía, en la práctica, la demanda del maestro Lombardo y su partido, que ya lo era también de otras fuerzas consecuentes con nuestro proceso histórico, en momentos en que se habían agudizado altamente las contradicciones entre quienes impulsaban esa vía, y los partidarios de la opuesta.
Economía y parlamento. El problema de la deuda externa.
El Ejecutivo, por otra parte, debido a la insuficiencia financiera crónica que desde largo tiempo atrás sufría el Estado, se vio en la necesidad de atraer recursos financieros del exterior por la vía de la deuda pública, a efecto de promover importantes programas de desarrollo económico. El endeudamiento externo tuvo un crecimiento elevado, aunque menor que el que alcanzaría en el siguiente sexenio, y muy inferior a los que ha alcanzado en la época del neoliberalismo.
Sobre el tema de la deuda externa, el pensamiento lombardista sustenta que, dada la habitual carencia de los países no industrializados plenamente como México, de recursos propios suficientes, puede ser un instrumento útil para el desarrollo económico de la nación con independencia respecto del imperialismo, a condición de que reúna una serie de requisitos, mismos que se plasmaron en lo esencial en la iniciativa para adicionar la Constitución con un nuevo capítulo en materia económica. En dicho documento se planteaba que, además de las condiciones que ya existían en el artículo 73, se añadieran las siguientes:
“Los préstamos y empréstitos del extranjero se concertarán sin más garantía que el crédito de la Nación. No obligarán a adquirir bienes o elementos en determinado país o mercado para la realización de las obras, cuando se trate de créditos con ese objeto, ni a venderle los productos resultado de las inversiones. No podrán concertarse a corto plazo ni excederse de la capacidad de pago de la Nación en perjuicio de su desarrollo independiente”.[9]
Por su parte, el citado artículo 73 establece, en su fracción VIII, entre otras cuestiones, que “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento de los ingresos públicos…”
Debilidad e indecisión en los gobiernos de la burguesía nacional.
Sin embargo, lo cierto es que por parte de la burguesía nacional gobernante hubo debilidad e indecisión –incluso en el sexenio de Echeverría– para emprender una reforma fiscal que dotara al Estado de los recursos suficientes para que atendiera adecuadamente las necesidades de orden social, con cargo a los sectores más pudientes, e invirtiera los recursos necesarios para garantizar el crecimiento del sector productivo estatal de la economía. En estas circunstancias, se presentó una disyuntiva: o se posponía indefinidamente la atención a las necesidades sociales y el desarrollo de las fuerzas productivas por la vía estatal, o se recurría al crédito externo. El gobierno tomó esta opción, que fue criticada con severidad por el PPS.
Pero la deuda pública se disparó durante el sexenio 1976-1982, a cargo de José López Portillo, cuyo gobierno se caracterizó por el despilfarro de recursos. Las políticas en materia de concertación de empréstitos en el exterior fueron distintas de los criterios establecidos líneas arriba y resultaron contraproducentes. Porque muchos de ellos se contrataron a plazos cortos, insuficientes para su desahogo adecuado, a tasas elevadas o fluctuantes –con tendencia a crecer sin medida, según se vería después– y en volúmenes que rebasaron holgadamente la capacidad de pago de la nación. Tampoco se cuidó de restringirlos al propósito de la ejecución de obras que incrementen los ingresos públicos, según la ordena la Constitución. En muchos casos se les derrochó. Lejos de emplearlos para acrecentar el sector estatal de la economía, se les utilizó para transferirlos, por múltiples vías, a los bolsillos de los capitalistas particulares. Operó así una especie de keynesianismo empeorado, por el cual los recursos públicos beneficiaban a los magnates privados, con el agravante de que, en este caso, se trataba de recursos ajenos, conseguidos por la vía de los créditos externos, que luego se tendrían que pagar con creces, con cargo al erario público. La deuda externa creció en exceso y se convirtió en un serio problema. Pero el gobierno fue todavía más allá. Aceptó condiciones políticas y económicas que exceden en mucho al crédito de la nación, y que encarnan la pérdida de soberanía. Esto quedó evidenciado al suscribirse las llamadas Cartas de intención, con el Fondo Monetario Internacional. Este factor a la postre vendría a pesar considerablemente en la evolución de los eventos económicos, y en la correlación de las fuerzas políticas y sociales, en la lucha por el porvenir de la nación.
Peligrosa expansión de las inversiones extranjeras directas.
Otra tendencia importante en la evolución económica, con un notable impacto en la década de los setentas, se refiere a las inversiones extranjeras directas, que también se expandían con rapidez. Para 1940, la inversión extranjera directa en México era de 449 millones de dólares; subió a 556 para 1950; en 1960 llegó a 1,083; luego, en 1970, a 2,822 y en 1975, alcanzó los 4,580 millones de dólares. En 1976, año conocido como de los “capitales golondrinos” por la magnitud de la fuga de tales capitales especulativos por razones económicas y políticas –entre éstas, la ofensiva que el capital financiero y corporativo había desatado contra el gobierno de Echeverría y que buscaba torcer la mano a su sucesor y obligarlo a cambiar el rumbo– se redujo por primera vez desde la expropiación petrolera, a 3,278 millones de dólares, para aumentar nuevamente en 1977 a 3,705, y llegar en 1978 a 4,744 millones de dólares. Al término de 1980 se estimaba ya en 8,000 millones de dólares y se calculaba que al finalizar 1981, subiría 3,000 millones más.[10]
La participación del capital extranjero en la inversión bruta total había aumentado en la última década, al pasar de 5.5% en 1970, a 7% en 1980. Y con respecto de la inversión bruta privada, los datos fueron: 1970, 8,5%, y 1980, 14.1%. Es decir, la inversión extranjera estaba creciendo a un ritmo mayor que la nacional, tanto la privada como la pública. Y si bien estaba lejos de equipararse a éstas en términos de volumen total, su capacidad de incidencia en las decisiones de la vida nacional era proporcionalmente mucho mayor, porque tenía –y tiene—detrás, todo el poder económico de las matrices de los monopolios transnacionales, muy superior a la magnitud de lo que aquí hayan invertido, y porque cuentan también con el apoyo económico, político, diplomático y aun militar de sus Estados de origen. Además de toda esa enorme fuerza, cuentan también de su lado con la que les aporta el sector de la burguesía local que se ha asociado con ellos y, por ende, se ha subordinado a sus intereses y acata sus decisiones. Y por si fuera poco, todavía agregan a su fuerza el gran peso que tienen los capitalistas sobre los medios de comunicación social, sea por ser sus propietarios o por su calidad de anunciantes poderosos. Todo eso acrecienta notablemente su capacidad de incidencia en el terreno político.
La mencionada expansión del capital externo también se reflejaba en los datos de las 500 empresas más grandes del país. En 1972, el 32% de ellas tenían participación de capital externo (161 empresas); para 1979, ya era el 54% (271 empresas) las que contaban con participación de capital extranjero. En ese último año, el 89% de las inversiones foráneas eran estadounidenses; en tanto que sólo 8% de ellas eran alemanas y 5.9% japonesas, que ocupaban los lugares segundo y tercero. Esto refleja una clara dependencia de un solo mercado e implica graves riesgos no solamente para un desenvolvimiento sano de la economía, sino para la independencia política y la soberanía de la Nación.
Los capitales extranjeros se apoderaban de las ramas más dinámicas de la industria.
Otro dato significativo: los capitales externos se apoderaban, cada vez más, de las ramas más dinámicas de la industria. Así, “en 1970 controlaban ya el 27.6% de las ventas totales de la industria manufacturera, el 84% en la producción de hule, el 80% en tabaco, el 67% en productos químicos, el 62% en construcción de maquinaria eléctrica, y el 49% en equipo de transporte, índices que se elevaron considerablemente para 1980”. Hay un dato que sustenta la afirmación dramática de que a pesar de sus graves penurias, nuestros países subsidian el desarrollo económico de Estados Unidos. El hecho es que la tasa de ganancias de la inversión de ese país en el extranjero es tradicionalmente menor en los países ricos que en los pobres. Por ejemplo, en 1979 fue de 18.9% en los países capitalistas desarrollados, y de 28.9% en los “subdesarrollados”. Y otro dato todavía más claro en ese mismo sentido: en estos últimos países se encuentra el 24.8% de la inversión total estadounidense y, sin embargo, de ellos extrae el 63.4% de los flujos de capital por utilidades, regalías, etc.
Existen datos irrebatibles que dan sustento también a la afirmación ya antes formulada de que los capitales extranjeros no capitalizan, sino descapitalizan la economía nacional:
“…los ingresos por concepto de inversiones extranjeras directas durante la década de 1960-70 fueron de 2,059 millones de dólares, mientras que, por conceptos de utilidades, regalías, etcétera, se enviaron al exterior 2,991 millones de dólares. Datos más recientes confirmaban la continuidad y agravamiento de este fenómeno. En cuatro años, de 1976 a 1979 inclusive, el total de ingresos originados por las inversiones extranjeras directas fue de 1,676.4 millones de dólares, en tanto que se remitieron de regreso a la metrópoli 3,249.6 millones de dólares por utilidades y regalías. “Esto significa que se sangró la economía nacional con 1,573 millones de dólares, cifra 69% mayor a la exportada en toda la década de los sesentas”.
Agudización de las contradicciones económicas y políticas.
Como se ve, la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Extranjera, aprobada en 1973, resultó insuficiente para frenar esa tendencia contraria a los intereses nacionales. En general, esa y las demás tendencias económicas durante la década de los setentas demuestran que se produjo una agudización de las contradicciones en ese ámbito.
Como es natural, la agudización de las contradicciones económicas conlleva la agudización también de las contradicciones políticas. Esto fue lo que ocurrió de manera muy notoria en el periodo que nos ocupa, desde finales de la década de los sesentas y toda la de los setentas. A partir del análisis del ámbito de la economía, queda claro que la lucha en ese momento era sobre todo entre una y otra corriente, la de los partidarios del libre mercado y la que impulsaba el camino de la intervención del Estado, surgido de nuestra experiencia histórica. Ésta era la contradicción que había madurado; la que tendría que resolverse en el plazo inmediato, en uno u otro sentido; ésta era la contradicción determinante en el panorama nacional en su conjunto en ese momento histórico concreto.
De ahí, que el PPS presentara una nueva iniciativa de reformas a la citada Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Extranjera, en 1981[11], en la LI Legislatura (1979-1982) En ella, propuso nacionalizar el comercio exterior por la vía de incorporar esa actividad a las que la citada ley consideraba reservadas de modo exclusivo al Estado. Así también nacionalizar la petroquímica secundaria, los alimentos balanceados y otros eslabones estratégicos de la industria alimentaria, de la química industrial básica y de la siderurgia, por medio de establecer la reserva para el Estado del 51% del capital de esas actividades o empresas.
Propuso que se prohibiera de modo expreso la compra de empresas mexicanas establecidas. Así también que se impidiera el anonimato de los accionistas de empresas con capital externo, porque esa figura en la práctica deja fuera de control los porcentajes reales de capital nacional y extranjero. Propuso asimismo la desaparición de la figura de los fideicomisos en la faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 kilómetros a lo largo de las playas del país, que vulneró la prohibición constitucional de que en esas zonas tuvieran propiedades los extranjeros.
Esa práctica, en la opinión del PPS, resultó “lesiva para la economía del país, pero más aún ha devenido en humillante para el pueblo de una Nación soberana que, sin embargo, ve que sus playas ahora tienen letreros que advierten que se trata de propiedad privada en la que no se permite el paso de los mexicanos”.[12].
[1] Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 10 de diciembre de 1965. Fue publicada con el nombre de “Nacionalización de las comunicaciones eléctricas y los servicios telefónicos” en Iniciativas parlamentarias…, op. cit. Tomo I, pp. 145-153.
[2] Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 9 de marzo de 1973.
[3] Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 26 de diciembre de 1969. También fue publicada con el título de “Ley de Inversiones Extranjeras” en Iniciativas parlamentarias…, op. cit. Tomo I, pp. 217-229.
[4] Diario de los Debates del Senado de la República, 6 de noviembre de 1975.
[5] Intervención del diputado Ezequiel Rodríguez Arcos, del PPS. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 28 de noviembre de 1975.
[6] Intervención del senador del PPS, Jorge Cruickshank García, Diario de los Debates del Senado de la República, 7 de septiembre de 1976.
[7] Vicente Lombardo Toledano, “¿Cuál es el camino? Uno es el del socialismo y otro es el de la jauría”. Artículo publicado en la revista Siempre! El 30 de noviembre de 1966.
[8] Cruickshank, Diario de los Debates del Senado de la República, op cit.
[9] Vicente Lombardo Toledano. “Iniciativa para adicionar la Constitucióncon un nuevo capítulo en materia económica” Fue publicada con el título de “Un nuevo capítulo en materia económica”, en Iniciativas parlamentarias…, op. cit. Tomo I, pp. 133-143. …”, op. cit.
[10] Estos datos y los subsecuentes en este apartado, fueron tomados de una iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PPS en la LI Legislatura y aparece en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión del 6 de octubre de 1981. Fue publicada con el título de “Reformas a la ley para promover la inversión mexicana y regular la extranjera”, en Iniciativas parlamentarias…, op. cit. Tomo II, pp. 441-448.
[11] Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 6 de octubre de 1981. Fue publicada con el título de “Reformas a la ley para promover la inversión mexicana y regular la extranjera”, en Iniciativas parlamentarias…, op. cit. Tomo II, pp. 441-448.
[12] El PPS volvería a plantear esta iniciativa en las Legislaturas LII, (1982-1985) y LIII, (1985-1988) Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de las siguientes fechas: 25 de septiembre de 1984 y 10 de diciembre de 1986. Fueron publicadas en Iniciativas parlamentarias…, op. cit. Con los títulos de “Ampliación del sector estatal de la economía” y “Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera”, pp. 537-545 y 641-649, respectivamente.
