Origen y causas de la intervención del Estado mexicano en la economía.

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.

Al examinar la evolución de la economía nacional durante el siglo XX, a la luz de la metodología marxista, Vicente Lombardo Toledano analizó también su desenvolvimiento previo, durante el siglo XIX, y sus antecedentes enraizados en el régimen colonial. Sintetizó sus observaciones en estos términos:

“El régimen económico de la Nueva España fue el de una colonia que trabajaba para la metrópoli a la que estaba sujeta. Al consumarse la independencia de la Nación, se planteó a las fuerzas políticas del México naciente el gran problema de construir el camino que debía seguirse para liquidar la miseria y el atraso en que había vivido el país y señalar sus metas inmediatas.

“Las dos corrientes de opinión –la liberal y la conservadora- coincidían en afirmar que siendo la agricultura un sistema desarticulado por falta de comunicaciones y limitado al consumo regional, no era útil para el intercambio con otros mercados, y que la minería no bastaba, por sí sola, para aumentar las fuerzas productivas que el país requería con urgencia. La solución consistía en la industrialización; pero los dos bandos diferían radicalmente en cuanto al modo de lograrla”.[1]

Como Lombardo lo explica, los conservadores, con Lucas Alamán como ideólogo principal, proponían la industrialización, pero sin que se tocara la estructura económica del pasado. Los liberales también la querían, pero decían que para lograrla habría que hacer reformas profundas, como la secularización de los bienes del clero, que propuso Valentín Gómez Farías ya desde 1833.

Esa medida sólo fue realizable veinticinco años después, dentro del conjunto de normas jurídicas conocidas como Leyes de Reforma. No obstante, el desarrollo industrial fue lento y penoso durante todo el siglo XIX. En 1843 sólo había 59 fábricas de hilados y tejidos de algodón, movidas por vapor, máquinas hidráulicas, animales y aun por hombres. En 1888 llegaban a 97 fábricas. La minería estaba tecnológicamente rezagada, pues conservaba los procedimientos de mediados del siglo XVI. Fue hasta 1894 cuando empezó a usar nuevos métodos.[2] También, hacia fines del siglo XIX, empezaron a desarrollarse las industrias del petróleo y el henequén. La lentitud y el rezago comparativo de nuestro proceso de industrialización se reflejaban asimismo en la distribución de la población. De un total de 15 millones 160 mil personas, según el censo de 1910, el 85.6% era población rústica y sólo el 13.4, urbana.[3]

El rezago de nuestro desarrollo económico convirtió a México en receptor de capitales externos, es decir, en dependiente del imperialismo.

En contraste con el escaso desarrollo económico, nuestro territorio era, durante esa época de fin y principio de siglo, el primer receptor de capitales procedentes de Estados Unidos en el mundo. En 1897, las inversiones de ese país en el extranjero ascendían a 684.5 millones de dólares, de los cuales estaban en México 200.2 millones (29.25%), más que en ninguna otra parte; en Canadá y Terranova, 189.7 millones (26.7%), y en toda Europa apenas 151 millones (22.06%) El 23% restante se distribuía en las demás regiones del mundo. En sólo 14 años, de 1897 a 1911, las inversiones estadounidenses en México pasaron de 200 millones a 1,100 millones de dólares. En ese último año, los capitales extranjeros invertidos en el país representaban el 66% de las inversiones totales. De las 27 empresas más grandes en nuestro país, en 1914, 18 eran de propiedad íntegramente extranjera y las otras 11 tenían capital exterior mayoritario, según lo registra el Mexican Year Book de ese año.

“México era, en consecuencia, en los últimos años del siglo XIX, el principal mercado de materias primas y de mano de obra del mundo para los monopolios norteamericanos, y la construcción de ferrocarriles que realizaban por concesiones, el medio principal para facilitar la exportación de los minerales y otros productos, como un apéndice de la gran red ferroviaria de Estados Unidos. En sólo cuatro años –de 1880 a 1884-, se pusieron en servicio 1,937 kilómetros, de México a Ciudad Juárez, y en septiembre de 1888 los 1,274 kilómetros de la vía de México a Laredo.

“En el ámbito rural, las condiciones económicas y sociales, hacia fines del siglo XIX e inicios del XX eran de franco retroceso. El índice de concentración de la tierra era el más alto del continente y uno de los mayores del mundo. Más todavía que en la época de la colonia. “En 1910, al cumplirse el centenario de la Independencia nacional, el uno por ciento de la población poseía el 97% de la propiedad rústica de toda la Nación…”[4]

Los datos anteriores dan sustento a esta conclusión: el proceso de nuestro desarrollo económico no se dio de manera natural, como en otros países, los de Europa occidental y los Estados Unidos, por ejemplo, sino que fue deformado de modo profundo por factores exógenos diversos. A partir de la década de los ochentas del siglo XIX, la irrupción de los capitales estadounidenses e ingleses en expansión sería el principal de estos factores externos. A eso se debió que México llegara a los albores del siglo XX con un retraso enorme en cuanto al desarrollo de sus fuerzas productivas y con una estructura social con relaciones muy injustas.

El intervencionismo económico y social del Estado mexicano fue fruto de la experiencia de nuestro pueblo y respuesta innovadora a sus problemas específicos.

Con una burguesía urbana y rural muy pequeña por su número y muy atrasada desde los puntos de vista tecnológico y cultural, pero opulenta; con una clase obrera también muy reducida por su número; y con la gran masa de su población condenada a la miseria, más todavía la del campo que la de las ciudades. En consecuencia, las fuerzas triunfantes en la Revolución de 1910-17 se trazaron las tareas de rescatar las riquezas naturales para la nación; destruir el latifundio y entregar la tierra a los campesinos; vencer el atraso y desarrollar la economía; reconocer y tutelar los derechos de los trabajadores.

Todas éstas fueron demandas urgentes que afloraron durante la revolución y que expresaban las necesidades y demandas concretas del pueblo en armas, e iban mucho más allá del “sufragio efectivo y la no reelección”, que fue el lema formal de una fracción, encabezada por Francisco I Madero. Exigencias que aparecieron en los planes, programas y decretos de los diversos bandos revolucionarios y que adquirieron así, en su conjunto, el rango de programa de la Revolución Mexicana, aunque nunca fueran integradas en un documento único previo al estallido revolucionario. Pero, lo que es más importante, se elevaron a la calidad de normas jurídicas en la nueva Constitución. Así fue que la Carta Magna dotó al Estado, al nuevo Estado surgido de la Revolución de atributos novedosos, sin precedentes, para que diera marcha a la solución de los problemas citados, y satisfacción a los anhelos del pueblo. De esta manera surgió el intervencionismo económico y social del Estado mexicano, como fruto de la experiencia de nuestro pueblo y respuesta innovadora a sus problemas específicos. Se trata, en la opinión del doctor Vicente Lombardo Toledano, de la vía mexicana de desarrollo de la economía, única que puede asegurar la viabilidad de la nación como entidad independiente y soberana.

Sin embargo, sería necesario que se formara una clara conciencia de que ése era el camino, y no otro, y sería menester de igual modo confirmarlo y consolidarlo. A este esfuerzo dedicarían, Lombardo y su partido, gran parte de su energía y su actividad, según se verá adelante

[1] Vicente Lombardo Toledano. “Iniciativa para adicionar la Constitución con un nuevo capítulo en materia económica, op. cit. Fue publicada con el título de “Un nuevo capítulo en materia económica”, en Iniciativas parlamentarias en beneficio del pueblo. 1947-1993. México, Partido Popular Socialista, Edición de la Fracción Parlamentaria del PPS de la LV Legislatura, 1994. Tomo I, pp. 133-143.

[2] Conceptos y datos estadísticos de Lombardo Toledano, en “Iniciativa para adicionar…” ibidem.

[3] Ibidem

[4] Razón histórica, principios, programa y estatutos del Partido Popular -documentos fundamentales aprobados en la Asamblea Nacional Constituyente, efectuada en la ciudad de México, los días 20 y 21 de junio de 1948- México, Editorial Combatiente, S. A. de C. V., 1992, pág. 8.